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| De izquierda a derecha Rector Lapolla, Consejero Oloriz (lista 250) y Consejero Ramos (Lista 430) |
El pasado jueves 26 de abril ingresó en el temario del
Consejo Superior una propuesta de nuevo régimen disciplinario para estudiantes,
elaborada por la Dirección de Asuntos Legales Internos de la UNLu, y apoyada
por las listas 250 (profesores), 317 (Auxiliares), 430 (No docentes), 111
(estudiantes) y 511 (graduados); que son el bloque oficialista del actual rector Lapolla.
Una nueva ofensiva contra el Movimiento Estudiantil
Ya desde la primera gestión del rector Arizio
(2005-2009), pero con más fuerza en el 2016, el régimen de la Universidad,
mediante la iniciativa de la burocracia no docente intentó imponer un “régimen
de convivencia” con la intención da acallar las voces de los estudiantes y
agrupaciones estudiantiles que veníamos denunciando la política de ajuste y
recorte de la gestión de la Universidad. Fracasado ese intento, repudiado por
estudiantes y docentes y eliminado a propuesta de la Lista 117 este año el
“Comité” que pretendía aplicar dicho régimen, en el Consejo Superior del 26 de
abril se presentó desde la Oficina de legales un “Reglamento disciplinario para
estudiantes”, con el objetivo poco original de una vez más acallar las voces
estudiantiles disidentes.
Esta iniciativa, se da en un contexto muy particular
que explica en si mismo la necesidad de “disciplinamiento” a los
reclamos y denuncias estudiantiles: al recorte en materia de política que
fomente el bienestar estudiantil y fomente la permanencia de los estudiantes en
la universidad, se suma el alineamiento del rector de la UNLu, Antonio Lapolla,
en el CIN con la política educativa del gobierno de Cambiemos (ver nota
aparte).
El reglamento disciplinario contiene no sólo
ambigüedades, lagunas y pocas especificaciones que permiten a la autoridad de
aplicación del mismo (el Secretario de Asuntos Académicos) una amplia y libre
interpretación de la adecuación de los hechos a las tipificaciones enumeradas
en el reglamento, sino además graves vulneraciones a derechos estudiantiles, a
métodos históricos de lucha del movimiento estudiantil y restringe brutalmente
las libertades democráticas que ha conquistado el Movimiento Estudiantil, en tanto plantea la posibilidad de suspensión
de estudiantes de manera cautelar, es decir, sin comprobar la existencia del
hecho o la correspondencia de una sanción al mismo, a sola voluntad del
Secretario de Asuntos Académicos. Asimismo sanciona a aquellos estudiantes que
de manera escrita u oral denuncien a un miembro de la comunidad universitaria
por la tarea que desempeña, interpretando así como un agravio una denuncia pública
a un funcionario público de la universidad, es decir, no se podría indicar la
responsabilidad de ciertos funcionarios sobre medidas que vulneren derechos por
ejemplo (mientras que al mismo tiempo paradójicamente sanciona que se coarte la
libertad de expresión).
Este régimen, plantea las sanciones ante actos que “afecten
el decoro, prestigio, convivencia, coarten la libertad de expresión, las instituciones
democráticas, pongan en riesgo el patrimonio de la universidad (...)” como así
el de impedir deliberadamente el ejercicio de sus funciones a cualquier miembro
de la comunidad universitaria”, sancionando de esta manera a los métodos de
organización, decisión y lucha del movimiento estudiantil como lo son
asambleas, clases públicas o tomas entre otras.
A 100 años de la gloriosa Reforma Universitaria que
nos ha legado participación de todos los claustros en los órganos de gobierno
de la universidad, queda en manos de un Secretario designado a dedo por el
Rector la interpretación de una normativa de la universidad y la suerte de los
estudiantes. A 100 de la Reforma Universitaria que nos ha legado la autonomía
universitaria, pretenden imponer un régimen disciplinario para que no
denunciemos como la gestión de la universidad regala tal legado permitiendo la
intervención de organismos externos en las evaluaciones y reformas de nuestros
planes de estudios y se baja los pantalones ante el gobierno de Cambiemos y su
avasallamiento neoliberal sobre la Educación Pública (tal vez el rector Lapolla
aprendió de su gestión anterior cuando permitió la adecuación de la UNLu a la
Ley de Educación Superior que los estudiantes no nos callamos y más allá de no
tener grandes sueldos como él y sus lacayos defendemos nuestra universidad pública
y no quiere repetir el error).
A 100 años de la Reforma Universitaria llamamos a los
estudiantes y docentes a repudiar este intento de disciplinar las voces disidentes
y a levantar al movimiento estudiantil, poniéndolo en lo más alto de la lucha
en defensa de la educación y la universidad pública, al servicio del pueblo y
la clase trabajadora.
No al reaccionario Régimen Disciplinario
Por la
Unidad del claustro estudiantil contra esta
envestida reaccionaria.
Por una UNLu, Pública, Gratuita, Laica y de Calidad.
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