A partir de la
Resolución de Rectorado Nº 30/20, la UNLu suspendió las clases presenciales a
mediados de marzo, para adecuarse al aislamiento social, preventivo y
obligatorio dictaminado por el Ejecutivo Nacional ante la pandemia que avanza
en nuestro país y en el mundo. Producto de esta situación, se creó un Comité de
Crisis para que, “analice el desarrollo
de la emergencia sanitaria y la implementación de acciones y medidas para la
comunidad universitaria” ya que “la
situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y
urgentes.” Este Comité
de Crisis, está compuesto por todas las listas que componen el consejo Superior.
Al finalizar el cuatrimestre, podemos decir que el fracaso de las medidas
adoptadas, fue acompañado por la improvisación y la incapacidad de tomar
medidas que eviten la expulsión de cientos de
estudiantes, que la virtualidad forzada en estas condiciones aceleró.
Es preciso
recordar las condiciones de cursadas existentes durante la primera semana de
clases: hacinamiento, aulas sobrepobladas, estudiantes cursando en los
pasillos, elementos que son parte de una política académica estructural: la
expulsión sistemática de los estudiantes de la UNLu. A las deplorables
condiciones de cursada de inicios del cuatrimestre 2020, que atentan verdaderamente contra los
procesos de enseñanza-aprendizaje, precarizando las condiciones laborales de
nuestros docentes y atentando contra las óptimas condiciones de aprendizaje, se
le suman otras situaciones que expulsan al estudiantado y afectan las
condiciones de cursada como el sistemático ajuste en becas, la falta de un
comedor y una fotocopiadora
universitaria, la falta de ludoteca en San Miguel y de cupos para los hijos de
estudiantes en la escuela infantil de la sede Luján, la falta de aulas, la
falta de calefacción en invierno y ventilación en verano, la falta de material
didáctico y tecnológico en las aulas, la falta de elementos de higiene en los
baños, etc.
La crisis del
nuevo virus y un cuatrimestre virtual para pocos
La política
sistemática de expulsión de estudiantes no fue suspendida por la pandemia sino
que fue profundizada. La decisión de
impulsar la “continuidad pedagógica a distancia” no fue acompañada por medidas ni
recursos que la puedan garantizar. A la precarización
de las condiciones laborales docentes para afrontar esta nueva modalidad se le
suma la imposibilidad de acceder, por buena parte de los estudiantes, de
dispositivos y recursos necesarios para afrontar esta situación de emergencia.
¿Qué única medida fue tomada para asegurar el acceso a la virtualidad de los
miles de estudiantes de la UNLu? Implementar las Becas de Conectividad, por la
cual se otorgaran míseros $500 mensuales, solo a aquellos estudiantes que sean
beneficiarios de la Beca de Material Bibliográfico, Becas de Ayuda Económica y de Estimulo Académico.
Además, la bancarización para efectuar el cobro de estas becas se hizo en
beneficio de la banca privada, el Santader Río como siempre agradecido. Tan insignificante y limitada medida
tomada por el rectorado y la Secretaría de Bienestar Universitario
y Asuntos Estudiantiles, no pudo tener otro resultado
que un aumento de la denominada “deserción estudiantil”, que en realidad debería
ser llamada por su nombre: expulsión. La situación generada por la pandemia no
hizo otra cosa que acelerar los mecanismos expulsivos que ya se encontraban en
marcha, y que buena parte de la comunidad universitaria naturalizaba.
A los excluidos de la virtualización, se le
suman las tardías, erróneas y ambiguas decisiones tomadas desde la gestión
Lapolla-Gei en la UNLu que repercutieron en las más diversas modalidades de
“cursadas virtuales” adoptadas por los docentes, la larga lista de
irregularidades, en buena parte de las asignaturas, no garantizaron una cursada
virtual con reglas claras para todos.
Las decisiones en
política académica, dejaron al descubierto la improvisación y la incapacidad de
los encargados de garantizar una oferta académica de forma “virtual”. Las
tardías decisiones tomadas por las autoridades de la UNLu (Rector, Secretario
Académico, Decanos, Secretarios y Jefes de División de los Departamentos) lejos
estuvieron de servir para que se pudiera garantizar la “continuidad
pedagógica”.
Recordamos
que recién en junio, con la RESREC-LUJ: 0000040-20, se realizaron algunas modificaciones del
calendario académico que se encontraba vigente y se organizaron tres tipos
diferentes de asignaturas. La resolución organiza tres tipos diferentes de
asignaturas:
“- Asignaturas
Tipo A: Son aquellas que desarrollan la totalidad de las actividades
previstas bajo la modalidad no presencial y dentro de los plazos establecidos
por la RESHCS-LUJ: 0000487-19.
- Asignaturas
Tipo B: Son aquellas que, si bien desarrollan parte de su actividad académica bajo la modalidad
no presencial como consecuencia de la pandemia de CORONAVIRUS COVID-19,
requieren de un determinado número de semanas de presencialidad para asegurar
la formación propuesta.
- Asignaturas
Tipo C: Son aquellas que, por el tipo de objeto que abordan y/o el tipo de
práctica que requieren, exigen una serie de actividades presenciales que generalmente
exceden el desarrollo del espacio áulico o requieren de una estrategia
pedagógica presencial, imposible de desarrollar en el plazo indicado para las
asignaturas del tipo B.
Por
otro lado, la suspensión de las mesas de exámenes
previsto para el mes de agosto y la suspensión de la semana de presencialidad,
dio como resultado en aquellas asignaturas en los que los docentes optaron por
las asignaturas tipo B, estudiantes que se encuentran en el “limbo académico”,
ya que luego de haber “cursado” durante el cuatrimestre, los estudiantes se
encuentran sin regularidad ni promoción directa y sin mesas para los que
cursaron en condiciones de virtualidad,
afectando el avance en las respectivas carreras y en la acumulación de finales
pendientes. Por otro lado, se encuentran las materias que directamente no
dictaron clases.
La propuesta de los exámenes finales virtuales:
un avance de la exclusión y el control social
Por
otra parte, el 17 de julio las autoridades de la UNLu comunicaron que los
exámenes presenciales previstos para el mes de agosto no se llevarán a cabo,
tampoco los integradores de todas las asignaturas que optaron por la categoría
B; también comunicaron que el Consejo Superior se reunirá la primera quincena
de agosto, donde se presentará una, “propuesta de calendario de exámenes
finales en entornos no presenciales que contempla llamados en el mes de
setiembre, octubre, noviembre y diciembre.”
En
el mismo sentido, ese mismo día, la Secretaría Académica de rectorado sacó dos
resoluciones, en la primera estableció mediante resolución 162/20 “mantener
la condición de regularidad, vigentes al turno de exámenes extraordinarios
previsto para el mes de mayo de 2020. Dicha condición se extenderá
automáticamente hasta el primer turno de exámenes finales que se sustancie en
modalidad presencial".
La segunda
resolución de la Secretaría académica de rectorado, 163/20, establece que aquellos estudiantes que hubieran alcanzado las
condiciones para acceder a la promoción, y no hubieran podido acreditar la aprobación
de alguna de las correlativas, podrán ser considerados por los docentes
responsables de la actividad académica dentro de los casos excepcionales
previstos por el Inciso c) del Artículo: 35, del Régimen General de Estudios.
Queremos señalar que la iniciativa que
tratará el Consejo Superior, intenta instituir, una práctica rechazada por
algunos equipos docentes, el teletrabajo. En el mismo sentido, la propuesta de, “exámenes
finales en entornos no presenciales”, debe llevarnos a
rechazar cualquier iniciativa que intente avanzar en el sentido de lo acordado
días atrás entre el C.I.N. (Consejo Interuniversitario Nacional), el Ministerio del
Interior y el Ministerio de Educación; de avanzar en la utilización, de un
sistema de identificación de estudiantes en contextos de cursada virtual y
exámenes, a partir de la utilización de datos biométricos, con el que se
intenta naturalizar una nueva forma de control social en el marco de la cursada
virtual.
Una universidad sin presupuesto
El retorno de las actividades académicas en
el segundo cuatrimestre, probablemente estarán signadas por la evolución de los
casos de Covid-19 y la continuidad de la cuarentena o aislamiento preventivo.
Sin capacidad para afrontar la vuelta a clases presenciales en medio de la
pandemia. Recordemos que el Ministerio de Educación junto Universidades
Públicas agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de las
Universidades privadas agrupadas en el Consejo de Rectores de Universidades
Privadas (CRUP), aprobaron un protocolo para la vuelta a clases en las
Universidades una vez que “la situación
epidemiológica de cada región así lo permita y se garanticen las condiciones
sanitarias establecidas en los protocolos”.
Entre los elementos a destacar del
protocolo, señalamos el que afirma que cada Universidad deberá "acondicionar los espacios para
asegurar el distanciamiento mínimo (1,5 metros) entre las personas", como
también deberá destinar "un espacio
para aislar a estudiantes y trabajadores en caso que presenten síntomas de
coronavirus", y deberán “flexibilizar
y establecer nuevos horarios y jornadas o turnos académicos para evitar
aglomeraciones".
Con el sistemático desfinanciamiento del
sistema universitario, y con un presupuesto nacional que es el mismo del año
2019; la UNLu sufre la falta de recursos
para poder hacer frente a las necesidades de la comunidad universitaria para
llevar a adelante un segundo cuatrimestre con la infraestructura acorde.
Esta situación se agrava ante la ausencia de la UNLu, como destinataria de los
fondos del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria 2019-2023, que
fuera anunciado el miércoles 15 de julio. Este programa contemplaría 63 nuevas obras, en 47
universidades nacionales, y que tendría una inversión de $9.600 millones. Lo
irrisorio del monto destinado para casi la totalidad de las Universidades
Nacionales, tiene el agravante que el financiamiento es producto de un préstamo
internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (ex CAF). El apoyo del
rector Lapolla a la candidatura de Macri en la elecciones presidenciales del
2019, parece tener un costo que pagaremos todos los miembros de la comunidad
universitaria, y preanuncian una política de ajuste al interior de la UNLu.
¿Con qué presupuesto se van a garantizar
las condiciones de salubridad necesarias? ¿Cómo se garantizará el acceso a
dispositivos y el acceso a internet a los estudiantes para poder continuar con
los estudios? ¿Con que recursos se convocara a los equipos docentes para evitar
la precarización docente? Hasta ahora, ese tipo de políticas no parecen estar
en la agenda de la gestión de la UNLu. Es por ello que la unidad, la
organización y la lucha de los estudiantes y docentes, tendrá que imponerla. Que
nuestra voz llegue al consejo superior y al rectorado.
- Triplicación del
presupuesto destinado a las Universidades.
- Aumento de la partida
presupuestaria para Bienestar Estudiantil: llevar la partida del presupuesto de
la UNLu del 2,6% al 5%. Más plata para becas. Por
un aumento en el número de becarios.
- No al avance del Banco
Santander, por el cobro de las becas a través del Banco Nación.
- No a los exámenes
finales virtuales bajo programas como el “SIU Quechua”, el “Respondus” o
plataformas similares que son violatorios del derecho a la privacidad y que
entregan los datos personales de los usuarios.
- Por garantizar
que todos los docentes y estudiantes cuenten con todos los recursos
tecnológicos y acceso a internet, para que se brinde un segundo cuatrimestre
con clases virtuales accesibles a todos, hasta que podamos volver a las aulas.
- Se exceptúe a los becarios del cumplimiento del
requisito académico para mantener la beca.
- Se garanticen contra-cursadas de todas las
materias del primer cuatrimestre.
- Se prorrogue la regularidad de todos los
estudiantes en sus respectivos planes de estudio.
- Con respecto a lo resuelto por la Secretaría
Académica de rectorado, debemos exigir se prorroguen los plazos
contemplados en el artículo 31 del régimen General de Estudios, el mismo
dice “ARTÍCULO 31º.- El estudiante en condición de REGULAR podrá rendir la
actividad académica dentro de los cinco (5) cuatrimestres siguientes a la
finalización de la cursada, sin perder dicha condición”.
- Rechazamos la última adecuación a la Ley de
Educación Superior, que reduce la regularidad en las carreras a un año; antes de la adecuación los
estudiantes debíamos rendir dos materias en dos años.
- Que se garanticen la apertura de más comisiones
para garantizar mejores condiciones de cursada.
- RECUPERAR LA DOBLE BANDA HORARIA en todas las
carreras (MATUTINA (de 9 a 13 hs. -VESPERTINA de 16 a 20 Hs) .
- QUE LA UNIVERSIDAD IMPLEMENTE LA “Beca TU PC para
estudiar”, PARA QUE LOS ESTUDIANTES QUE SOLICITEN LA BECA, RECIBAN EN
COMODATO UNA PC, NOTEBOOK O TABLET DURANTE LA DURACIÓN DE SUS ESTUDIOS DE
GRADO.
- En la medida que se constituyan las mesas de exámenes,
que las mismas sean con suspensión de actividades académicas
-En
defensa de la universidad pública, gratuita, laica, al servicio de la clase
obrera y el pueblo.
Nueva
Opción- Lista 117.
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