El 24 de marzo la Universidad Nacional de Lujan amanecería
ocupada por el ejército. Al frente de las fuerzas castrenses se encontraba
Jorge Marincola y en la UNLu, el que
dejaba de ser rector -nacido en la misma ciudad- el polifacético Emilio Fermín
Mignone.
El originario de “la capital de la fe” había llegado a la
Universidad como interventor en 1973 con
la “primavera democrática” de Cámpora y había sobrevivido a los presagios de la
misma dictadura con la gestión del ministro Ivanisevich, quien había cesado a
todos los rectores del país y a la UNLu le escamoteaba la ejecución de la
partida del presupuesto y al ministro de
“bienestar social” López Rega, con la primer “señal de cierre” plasmada en un
documento en 1974 durante el gobierno peronista, documento encontrado por
Mignone – y según su propia tradición oral y escrita en su libro sobre la
historia de la institución- tirado al baño.
Cuando renuncia Mignone, el 24 de Marzo de 1976, reúne
a un grupo de los funcionarios y
docentes de la universidad, en donde les
presenta la renuncia y, dirigiéndose a los presentes, señala que algunos con el
nuevo gobierno de facto que se avecinaba se iban a encontrar en sintonía,
serían estos quienes luego paradójicamente dirigirían el proceso de “lucha
contra el cierre”.
Se cerraba una etapa regresiva y se abría otras más hostil
para la UNLu.
Marincola mandó a requisar las instalaciones de la
Universidad, ante la pregunta sobre unas supuestas armas a Mignone, éste le
responde de manera irónica “están en la biblioteca”, lugar común en la
rememoraciones de un variopinto y contradictorio elenco integrado por:
izquierdistas, memorias oficiales-institucionales, “progresistas” y otras de
signos conservador.
En el acta del 24 de marzo por parte del nuevo gobierno de
facto, en el punto 2.8 se mencionaba a la Universidad de la siguiente manera:
“Las acciones adoptadas por el Ministro de Cultura y Educación respecto de la Universidad de Lujan (UNLu)
tienden a dar acabada respuesta al objetivo de Reorganización Nacional de lograr
un sistema educativo acorde con las necesidades del país”. Estas palabras
significaban una segunda señal clara de condena a la Institución que en ese
momento no se tuvieron muy en cuenta, una señal convertida en promesa hecha
realidad tres años después, en 1979.
La Junta Militar, a través del ministro interventor, dictó
un decreto ley 21.276 “Prioridad para la normalización de la Universidades
Nacionales”, quedando en manos del ministro de Educación las atribuciones de
las normas legales que se otorgaran otrora a las asambleas universitarias así
como la facultad de resolver situaciones que afecten a la paz, el orden interno
y su funcionamiento normal, subordinadas bajo el control del orden ejecutivo.
Dentro de las prohibiciones que contenía la ley figuraban las actividades de
adoctrinamiento, propaganda, agitación política, tanto de los docentes,
estudiantes y el personal no docente. El 29 de marzo de 1976 se publicó una
resolución que ordenaba el cese en sus
funciones de los rectores, Consejos y demás cuerpos colegiados
directivos. Se designaron “delegados militares” o “interventores” al frente de
las 26 Universidades Nacionales.
Las leyes otorgaban el marco legal para el accionar
represivo y punitivo.
El primer interventor de la UNLu fue el Teniente Coronel
Jorge Marincola, de marzo a abril y, el segundo fue el Mayor Héctor Tomassi,
desde el mes de Mayo a Septiembre. Ambos interventores dieron de baja una gran
cantidad de docentes y trabajadores no docentes, algunos obligados a partir al
exilio. En este contexto, el 14 de mayo de 1976, se produce la desaparición
simultánea de Mónica Mignone, Cesar
Lugones y Marta Vázquez, todos docentes de la Universidad.
Después de las intervenciones de los Militares en la
Universidad, desde el Ministerio de Educación a cargo de Pedro Bruera (marzo de
1976 hasta julio de 1977), convocaron para ocupar el rectorado de la casa de
altos Estudios, primeramente a un hombre vinculado al poder local, Pedro
Barnech. Ante la negativa de éste se le ofreció las riendas de la Universidad
al cómplice civil de la dictadura y secretario de la “Comisión pro
Universidad”, Gerardo Amado, quien aceptó activamente el cargo, contando además
con un apoyo político interno y de sectores de la Iglesia. Asumir el cargo
implicaba la “obediencia debida”, Amado no dudo y continuó con las purgas
internas.
Ante un nuevo aniversario del golpe
cívico-eclesiástico-militar, no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos
con los genocidas y sus cómplices civiles.
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