A Modo de Editorial

La Universidad, como espacio institucional de formación de profesionales capaces de responder a las necesidades que genera el sostenimiento y reproducción del sistema social actual, es además un escenario de lucha por la producción y apropiación del conocimiento. Como tal, la Universidad se encuentra atravesada por los proyectos políticos y sociales que circulan al interior de la sociedad.

En los últimos años, las políticas neoliberales, (es decir, la construcción de sociedades profundamente desiguales con alta concentración de la riqueza en pocas manos y una amplia proporción de población condenada a la pobreza y la miseria), han intentado desarrollar un proceso de reconversión de la Universidad Pública Argentina que responda a los nuevos patrones de acumulación y dominación. Es decir, que lo que determinaría qué tipo de profesionales y qué tipo de conocimientos debe producir la Universidad Pública sería, bajo esta orientación, las necesidades del mercado. En este sentido, el perfil de la fuerza de trabajo que dicho mercado demanda sería, por una parte, un grupo reducido altamente especializado (que tendría acceso a todos los niveles educativos, incluyendo la Educación Superior), frente a una gran masa de trabajadores asalariados de baja calificación (cuyo acceso a los distintos niveles educativos tendría un alcance limitado o restringido, especialmente en cuanto a la educación universitaria). De allí el alto grado de interés de los organismos financieros por controlar e influir en las políticas educativas en general y las universidades en particular. Estas reformas neoliberales, que abarcan toda la estructura del Estado y que pretenden consolidar al mercado como regulador exclusivo de las políticas sociales (educación, salud, etc.), no han sido aplicadas de forma aislada en nuestro país, sino que han sido parte de una política para toda América Latina.

En este sentido, en los últimos años, hemos asistido y combatido la implementación de estas políticas exigidas por los organismos financieros internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional entre otros) e instrumentadas por una buena parte de los altos cuadros de la dirección política académica de las Universidades. Dicho proceso apunta a destruir el influjo democratizador que en América Latina tuvo la Reforma Universitaria de 1918 (reforma que sentó las bases de un modelo de Universidad que permitió el acceso a más amplios sectores de la sociedad). Este proceso se manifiesta a partir de la implementación del ajuste presupuestario estructural permanente al interior de la Universidad Pública, donde vemos avanzar la progresiva degradación de los títulos universitarios y el florecimiento del negocio de las instituciones privadas. De esta manera, a través del ahogo presupuestario sistemático, estos organismos internacionales logran generar el “consenso” necesario para promover y acompañar de manera efectiva las reformas planteadas por sus objetivos de reconversión educativa: la liquidación de la Educación Pública, Gratuita y Laica.

En este marco se sanciona a nivel nacional la Ley de Educación Superior (1995) y acorde a ella, la UNLu en ese mismo año inicia el proceso de adecuación de su estatuto a los parámetros de esta ley. Al calor de las luchas contra la aprobación y aplicación de estas reformas, se conforma la Agrupación Política Nueva Opción. Nace de la reflexión colectiva de un grupo de compañeros, del intento de unir un análisis riguroso de la realidad con una práctica que intenta transformarla. En este sentido nos resistimos a “naturalizar” como un dato de la realidad educativa, los efectos de la destrucción sistemática de la Educación Pública a partir de la L.F.E. y de la L.E.S.,y a la “naturalización” de sus efectos más reaccionarios como, en el caso de la L.E.S., la liquidación de la autonomía y la autarquía universitaria, la implementación progresiva de exámenes y cupos de ingreso, la destrucción progresiva de las carreras de grado y la privatización creciente de la investigación y la producción de conocimiento al servicio de unas pocas empresas extranjeras, el ahogo presupuestario sistemático y la destrucción de la estabilidad laboral y salarial de los trabajadores docentes y no docentes, entre otros.

Consideramos que este proceso de reconversión de la Universidad Pública bajo los criterios contenidos en las leyes neoliberales en materia educativa no ha concluido, sino que tanto el gobierno de Kirchner como el de Cristina Fernández, aunque han intentado “distanciarse”  

de las políticas de “los noventa”, no han modificado en lo sustancial dicha orientación, sino que la han profundizado, lo que a nivel educativo se expresó en la sanción de una nueva Ley de Educación Nacional que no abandonó los principios fundamentales de la L.F.E. de 1995 ni reconoció los efectos liquidacionistas de aquella.

La Universidad Nacional de Luján

La UNLu está atravesada por la política nacional. No es ajena a la puja electoral del gobierno kirchnerista y la oposición derechista, ya que, por un lado, muchos de los que gobiernan la UNLu son parte orgánica de dichos partidos, y por otro, porque el financiamiento de las Universidades está sujeto a los acuerdos que se realicen con los miembros del Gobierno Nacional, y eso no deja de darle cierta dependencia. A su vez, existe el debate pendiente acerca de la nueva ley de educación superior que reemplazaría a la ley de educación superior del menemismo. Y por último, el Estado, con el apoyo de quienes gobiernan nuestra universidad, desde las reformas neoliberales, no ha dejado de intervenir en las universidades violando su autonomía, exigiendo la apertura y cierre de carreras, y la reforma de los planes de estudio de nuestras carreras de acuerdo a las necesidades del sector privado.

Por otro lado la UNLu tiene sus propios problemas, muchos de los cuales se solucionarían con un fuerte aumento presupuestario, como es la falta de infraestructura acorde a la cantidad de estudiantes, el insuficiente presupuesto para salarios docentes, el miserable monto para las becas, pasantías y congresos, etc. Por lo cual, el reclamo por aumento presupuestario a nivel nacional, no deja de ser una consigna sentida por las universidades.

Sin embargo, otros problemas se resolverían con la organización del conjunto de la universidad, como es la creación de un comedor y una fotocopiadora propia de la universidad, con precios acordes a la necesidad y posibilidad del estudiantado, ya que nuestra universidad tiene el comedor y la fotocopiadora en manos del sector privado que hace negocios en nuestra UNLu. Otros problemas como la escasa oferta horaria de las cursadas, que muchas veces es factor de abandono de algunas cursadas y de la universidad para los estudiantes que trabajan, son problemas que se solucionarían si los docentes fueran flexibles con los horarios, de forma de alcanzar una oferta horaria que contemple las tres bandas horarias (mañana, tarde y noche).

Estos problemas entre otros, son la expresión de la lucha constante entre quienes quieren una universidad elitista y pequeña y entre quienes defendemos la universidad pública, gratuita, laica y de calidad, al servicio de la clase trabajadora y el pueblo.